Instrucción Fiscalía General del Estado núm. 2/2006, de 15 marzo (jur 2006\94040)




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títuloInstrucción Fiscalía General del Estado núm. 2/2006, de 15 marzo (jur 2006\94040)
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g) En el posterior recurso de apelación, presentado con la asistencia de Letrado de oficio, el recurrente, reiterando los argumentos expuestos ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, alegó, entre otras cuestiones que carecen de interés a efectos del presente recurso de amparo, la lesión de su derecho a recibir información veraz, porque la medida de retención de la revista se basa en preceptos del Reglamento Penitenciario no aplicables al caso; porque la medida fue adoptada sin seguir el cauce procedimental previsto en el art. 128.1 del Reglamento Penitenciario ( RCL 1996, 521, 1522) , por no existir una resolución motivada de la Junta de Tratamiento a tal efecto; porque la citada revista, de libre circulación en el exterior de la prisión, no había sido objeto de ninguna medida de secuestro o clausura judicial; y porque el informe del centro relativo a la misma se basa en presunciones sin fundamento. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palencia desestimó dicho recurso por Auto de 31 de julio de 2002, razonando que los preceptos aplicables al caso son los arts. 58 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y 128.2 del Reglamento Penitenciario, que la medida impugnada afecta a un recluso condenado a 30 años de prisión por muy graves delitos de terrorismo, ha sido notificada al recurrente y al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, y se ha dictado por razones de seguridad. En este sentido se razona por la Audiencia que la medida de retención de la revista «Kale Gorria» («Calle Roja») no obedece, como insinúa el recurrente, a que esté escrita en euskera, sino a que, por razones de seguridad y buen orden de un establecimiento penitenciario, no se considera conveniente, por su contenido y significación, que sea de libre circulación entre los internos destinatarios de la misma, al reputarse como sucesora de la publicación «Ardi Beltza» («Oveja Negra»), clausurada el 27 de abril de 2000 por resolución de un Juzgado Central de Instrucción, por lo que la medida resulta ajustada al art. 128.2 del Reglamento Penitenciario.
2 Tras la designación de Letrado y Procurador de oficio, el 14 de noviembre de 2002 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal demanda de amparo contra los Autos referidos de la Audiencia Provincial de Palencia y del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Castilla y León.
Considera el recurrente, en primer lugar, que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE [ RCL 1978, 2836] ) como consecuencia de la incorrecta aplicación e interpretación de los arts. 58 de la Ley Orgánica General Penitenciaria ( RCL 1979, 2382) (en adelante LOGP) y 128.2 del Reglamento Penitenciario ( RCL 1996, 521, 1522) (en adelante RP) porque, además de no existir una resolución motivada de la Junta de Tratamiento, las razones expuestas por el centro penitenciario para retener la revista adolecen de falta de motivación, puesto que no se concreta cuáles son los contenidos o artículos de la revista «Kale Gorria» que afectan a la seguridad del centro ni en qué consiste esa supuesta afectación. En la medida en que esta revista tiene depósito legal y es de libre circulación en el exterior de la prisión, considera el recurrente que no existen razones objetivas para retenerla, lo cual implica que los órganos judiciales no han tutelado eficazmente el derecho a la información del recurrente, restringido injusta e ilegalmente por el centro penitenciario.
Alega en segundo lugar el recurrente, con invocación del art. 20.1.a) y d), en relación con el art. 20.5, CE, la vulneración de su derecho a recibir libremente información veraz, conectándolo con el derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE), «el contenido esencial de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ( LEG 1948, 1) (art. 10.2 CE)», y el art. 25.2 CE, que reconoce el acceso a la cultura y el desarrollo integral de la personalidad de los reclusos, porque la medida de retención de la revista carece de justificación, toda vez que se fundamenta en el informe de coordinación de seguridad penitenciaria de 19 de septiembre de 2001, basado en meras suposiciones y presunciones, a lo que se añade que la revista en cuestión no ha sido clausurada ni secuestrada por autoridad judicial alguna, y que las resoluciones impugnadas no indican qué artículos de la revista atentan contra la seguridad del centro penitenciario.
Por todo ello se insta por el recurrente la declaración de nulidad de los Autos impugnados, del informe emitido por el centro penitenciario en relación con la retención de la revista, y de la propia medida de retención, así como que se declare su derecho a recibir la revista y a que le sea efectivamente entregada.
3 Por providencia de 25 de marzo de 2004 y en virtud de lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC ( RCL 1979, 2383) la Sección Primera del Tribunal Constitucional acordó conceder un plazo de diez días al Ministerio Fiscal y al recurrente de amparo a los efectos de presentar alegaciones en relación con la posible carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda de amparo. Mediante escrito registrado el 21 de abril de 2004, el Fiscal interesó la admisión a trámite del recurso de amparo exclusivamente por lo que a la eventual vulneración del art. 20.1 d) CE ( RCL 1978, 2836) se refiere. No habiendo el recurrente de amparo presentado alegaciones, la Sección Primera del Tribunal decidió admitir a trámite el recurso de amparo por providencia de 3 de junio de 2004, acordando, conforme a lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de las actuaciones por un plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal, al Procurador del demandante de amparo y al Abogado del Estado, para que dentro de dicho plazo presentasen las alegaciones que a su derecho conviniesen.
4 El Abogado del Estado, mediante escrito registrado en este Tribunal el 18 de junio de 2004, instó la denegación del amparo tanto desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva como del derecho a recibir información.
En cuanto al art. 24.1 CE ( RCL 1978, 2836) , y después de considerar que el planteamiento de la demanda es inadecuado en la medida en que este derecho tiene un ámbito propio y diferente al del derecho a recibir información, se descarta la existencia de una falta de motivación de las resoluciones impugnadas, puesto que las razones de la medida de retención de la revista están muy claras y se basan en el art. 128.2 RP ( RCL 1996, 521, 1522) . Considera el Abogado del Estado, en este sentido, que la justificación de dicha medida no tiene por qué contener indicación de las expresiones o artículos concretos que justifican la aplicación de dicho precepto, pues ello podría resultar imposible (v. gr., en caso de mensajes encubiertos) o contradictorio con la propia finalidad limitativa de su divulgación entre los internos.
Por lo que respecta al derecho fundamental a recibir información y partiendo de su carácter en todo caso limitable en aras de la seguridad y buen orden del centro penitenciario, el Abogado del Estado considera que, como en toda medida de seguridad o preventiva, lo que se trata de evitar no son riesgos ciertos, sino daños presumibles o simplemente posibles. Desde esta perspectiva, y una vez descartado que en este caso se esté ante un supuesto de secuestro judicial en cuanto que no se trata de una medida general, sino de una medida concreta que afecta a una única persona, se considera satisfecho el requisito de la intervención judicial (aunque absorbida en la mecánica del recurso como consecuencia de la rapidez de la queja del recurrente). Finalmente, la invocación de los arts. 10.1, 10.2 y 25.2 CE se rechaza dado que carece de un mínimo desarrollo que permita determinar su preciso alcance.
5 Por escrito registrado en este Tribunal el 24 junio 2004 el Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones, interesando la estimación del recurso de amparo, con declaración de nulidad de las resoluciones judiciales, así como de la resolución del Servicio de comunicaciones de aplicar al recurrente la decisión de 19 de septiembre de 2001 de la Coordinación de seguridad penitenciaria, y el reconocimiento del derecho fundamental del recurrente a recibir libremente información [art. 20.1.d) CE ( RCL 1978, 2836) ]. El Ministerio Fiscal señala que la queja del recurrente ha de ser abordada exclusivamente desde la perspectiva del art. 20.1 d) CE, descartando la invocación del art. 24.1 CE, pues la exigencia de motivación de las resoluciones restrictivas de derechos fundamentales sustantivos constituye una exigencia constitucional que se deriva de estos derechos, como exigencia formal del principio de proporcionalidad y no del derecho a la tutela judicial efectiva.
Sentada esta precisión, el Ministerio Fiscal señala la analogía entre los supuestos de envíos de libros, periódicos y revistas dirigidos a los presos (art. 58 LOGP [ RCL 1979, 2382] ) y de las comunicaciones genéricas de los presos (arts. 51 y ss. LOGP), sobre las cuales el Tribunal Constitucional ha sentado una consolidada doctrina acerca de los requisitos para la licitud constitucional de la intervención de las comunicaciones, cifrándolos en la debida motivación (que puede obedecer a razones de seguridad, de interés del tratamiento y del buen orden del establecimiento), la proporcionalidad y el cumplimiento de la obligación de dar cuenta al Juez de Vigilancia Penitenciaria, así como de la notificación al interno afectado, y el establecimiento de un límite temporal de la medida ( SSTC 104/2000 [ RTC 2000, 104] , 175/2000 [ RTC 2000, 175] , 106/2001 [ RTC 2001, 106] y 194/2002 [ RTC 2002, 194] ). Teniendo en cuenta que la motivación de las medidas restrictivas de derechos constituye el único medio que permite controlar la constitucionalidad de dichas medidas, concluye el Ministerio Fiscal que la motivación de las resoluciones judiciales recurridas es manifiestamente insuficiente. En este sentido, alude al carácter genérico de las referencias a la seguridad del centro penitenciario, a la ausencia de una valoración de las particulares circunstancias del recurrente, así como de indicar los artículos que ponen en riesgo dicha seguridad o el éxito de su tratamiento individualizado; tampoco existe en dichas resoluciones una motivación por remisión, teniendo en cuenta que la decisión de la Coordinación de seguridad penitenciaria ni siquiera consta en las actuaciones judiciales, además de que únicamente se basa en que la misma persona había dirigido una revista previamente ilegalizada.
Por todo ello concluye el Ministerio Fiscal que el art. 20.1 d) CE ha de reputarse vulnerado. No ocurre lo mismo, en opinión del Ministerio Fiscal, en relación con la pretendida lesión del derecho a la reeducación y reinserción social derivado del art. 25.2 CE, en la medida en que la jurisprudencia constitucional ha sostenido reiteradamente que este precepto no contiene un derecho subjetivo protegible a través del recurso de amparo.
6 La representación procesal del demandante de amparo no formuló alegaciones.
7 Por providencia de 12 de enero de 2006 se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 16 del mismo mes y año.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1 El presente recurso de amparo se dirige formalmente contra los Autos de 19 de abril y de 14 de mayo de 2002 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Castilla y León, recaídos en el expediente núm. 5099-2001 y contra el Auto de 31 de julio del mismo año de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palencia (recurso de apelación núm. 288-2002), que desestiman los sucesivos recursos interpuestos por el recurrente en amparo contra la retención de los números 1, 2 y 3 de la revista «Kale Gorria» por parte de la dirección del centro penitenciario en el que cumple condena por delitos de terrorismo. Aunque en las resoluciones existe una cierta imprecisión sobre los números concretos de la revista a los que se refiere la medida de retención objeto de la queja del recurrente, es lo cierto que un atento examen de las actuaciones permite comprobar, como queda expuesto en los antecedentes, que la queja del recurrente sustanciada en el expediente núm. 5099-2001 y posterior recurso de apelación núm. 288-2002 atañe a los tres números indicados de la revista «Kale Gorria». A juicio del recurrente, las anteriores resoluciones judiciales vulneran los arts. 20.1 a) y d), 20.5 y 24.1 CE ( RCL 1978, 2836) , así como el art. 25.2 CE en relación con los arts. 10.1 y 10.2 CE.
A los efectos de enmarcar correctamente el objeto del presente proceso constitucional, debe advertirse que la demanda de amparo adolece de una confusión de pretensiones que se proyecta sobre las resoluciones impugnadas y los derechos fundamentales cuya vulneración se alega. Por lo que respecta a las resoluciones impugnadas, cabe señalar que, si bien la demanda invoca el art. 44 LOTC ( RCL 1979, 2383) y se basa principalmente en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde un punto de vista material no nos encontramos ante un amparo dirigido contra resoluciones judiciales a las que supuestamente se achacan vulneraciones autónomas de tal derecho, sino ante un amparo que tiene su origen en la actuación de un órgano administrativo, en este caso un centro penitenciario, cuyas pretendidas vulneraciones de derechos del recurrente no habrían sido reparadas en vía judicial. En suma, aunque la demanda de amparo insista en la insuficiente motivación de las resoluciones judiciales recurridas, invocando la vulneración del art. 24.1 CE, el presente recurso de amparo debe entenderse promovido por la vía del art. 43 LOTC.
Esta circunstancia contribuye a clarificar, por otro lado, el parámetro de control que debe ser empleado en la resolución del presente recurso, ya que permite descartar la pretendida vulneración del art. 24.1 CE. Tal y como señalan el Abogado del Estado y el Fiscal, la demanda de amparo adolece de problemas de planteamiento en este punto, puesto que se limita a achacar la anterior infracción constitucional a la insuficiente motivación de la medida de retención por parte de los órganos judiciales que se han pronunciado sobre la misma, así como por parte del centro penitenciario que adoptó dicha medida. Al margen de que la actuación del órgano administrativo no puede vincularse al derecho a la tutela judicial efectiva (por todas, SSTC 90/1985, de 22 de julio [ RTC 1985, 90] , F. 4; 197/1988, de 24 de octubre [ RTC 1988, 197] , F. 3; y 36/2000, de 14 de febrero [ RTC 2000, 36] , F. 4), hemos señalado reiteradamente (entre otras muchas, SSTC 128/1995, de 26 de julio [ RTC 1995, 128] , F. 4; 207/1996, de 16 de diciembre [ RTC 1996, 207] , F. 4; y 37/1998, de 17 de febrero [ RTC 1998, 37] , F. 3) que el deber de motivación de las medidas restrictivas de derechos fundamentales materiales forma parte del propio contenido de estos derechos, sin que sea necesario vincularlo al art. 24.1 CE ni siquiera cuando tales medidas deban ser autorizadas o controladas previamente por los tribunales ordinarios. Esta íntima vinculación entre la motivación y la restricción de los derechos fundamentales materiales nos ha permitido señalar de forma reiterada ( SSTC 57/1994, de 28 de febrero [ RTC 1994, 57] , F. 6; 49/1996, de 26 de marzo [ RTC 1996, 49] , F. 2.a; y 123/1997, de 1 de julio [ RTC 1997, 123] , F. 4, entre otras) que es precisamente la motivación de las medidas que inciden en el ámbito de protección de los derechos fundamentales materiales la que permite analizar su proporcionalidad y consiguiente constitucionalidad.
De ahí que el presente recurso de amparo deba analizarse no desde la perspectiva del art. 24.1 CE, sino desde la del art. 20.1 CE y, más concretamente, desde la perspectiva del derecho a recibir información veraz contemplado en la letra d) de este apartado. En efecto, aunque la demanda de amparo se refiere indistintamente a las letras a) y d) del art. 20.1 CE, es evidente que la retención de una revista que, como en el presente caso, se envía a un preso en el interior de un paquete de ropa no afecta a su libertad de expresión, sino a su derecho a recibir información.
De igual modo debe descartarse la invocada vulneración del art. 20.5 CE, porque la retención de una revista por parte del centro penitenciario en que está interno su destinatario es una medida individual, que no puede equipararse al secuestro de una publicación, que necesariamente tiene alcance general, por definición ( SSTC 144/1987, de 23 de septiembre [ RTC 1987, 144] , F. 3, y 187/1999, de 25 de octubre [ RTC 1999, 187] , FF. 6 y 7, por todas), a lo que cabe añadir que los titulares del derecho que garantiza el art. 20.5 CE no lo son los destinatarios de la obra o publicación que se dice secuestrada, sino sus autores o distribuidores ( ATC 79/1999, de 8 de abril [ RTC 1999, 79 AUTO] , F. 3).
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