Resumen: derecho de la competencia. Derecho administrativo sancionador. Comisión nacional de la competencia. Artículo 1 a de la ley 16/1989, de 17 de julio, de defensa de la competencia.




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títuloResumen: derecho de la competencia. Derecho administrativo sancionador. Comisión nacional de la competencia. Artículo 1 a de la ley 16/1989, de 17 de julio, de defensa de la competencia.
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TERCERO.- Sobre la estimación parcial del recurso contencioso-administrativo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, procede resolver lo que corresponda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate, en relación con el enjuiciamiento de las pretensiones deducidas en el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil SCOR GLOBAL P&C SE, estimamos conforme a Derecho la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia de 12 de noviembre de 2009, recaída en el expediente S/0037/08, en el extremo que considera que ha quedado acreditada la existencia de un acuerdo para fijar precios mínimos en el seguro decenal de daños a la edificación, prohibido por el artículo 81.1, letra a) del Tratado CE , y el artículo 1.1, letra a) de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia , de la que es responsable, entres otras compañías aseguradoras y reaseguradoras, la sociedad recurrente.
En efecto, en consonancia con los razonamientos jurídicos expuestos en el precedente fundamento jurídico de esta sentencia casacional, rechazamos que la resolución impugnada del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia de 12 de noviembre de 2009, deba declararse nula por la incorrecta aplicación del artículo 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia , ya que apreciamos la antijuridicidad de la conducta imputada, y, asimismo, descartamos que pueda considerarse exenta de la aplicación de las normas reguladoras del Derecho de la Competencia, por tratarse de un acuerdo que contribuye al progreso técnico y económico del sector asegurador y reasegurador, así como del mercado inmobiliario, al permitir el desarrollo y desenvolvimiento de un nuevo producto de seguro, de carácter obligatorio, que obligaba a compartir información con el objeto de calcular la cobertura mínima del seguro decenal, ya que, a la luz de lo establecido en los artículos 1, apartado 3 ) y 2, apartado 7, del Reglamento CE 358/2003, de la Comisión, dd 27 de febrero de 2003, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en el sector de los seguros, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 4 de dicho Reglamento comunitario, no estimamos que el acuerdo de fijación de precios mínimos en el seguro decenal de daños a la edificación analizado, pueda calificarse, a estos efectos, de nuevo, en la medida que no existe novedad en el hecho generador de la responsabilidad cubierta por el seguro, que ya estaba contemplada en el Código Civil de 1899.
No obstante, en lo que concierne al motivo de impugnación sustentado en la vulneración del artículo 10 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia , y a la aplicación de las circunstancias agravantes y atenuantes, estimamos que procede, en congruencia con lo resuelto por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la sentencia de 22 de mayo de 2005 (RC 2449/2013 ), ordenar a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia a que determine la cuantía de la sanción de multa atendiendo a los criterios de graduación de las sanciones, establecidos en dicha disposición legal, excluyendo la aplicación de la Comunicación de la Comisión Nacional de la Competencia de 6 de febrero de 2009, sobre la cuantificación de sanciones, que ha sido declarada nula por la sentencia de esta Sala jurisdiccional de 29 de enero de 2015 (RC 2872/2013 ), sin que en la nueva resolución que se dicte pueda imponerse una multa que supere el 10 por 100 del volumen de ventas correspondiente al ejercicio económico inmediato anterior a la resolución (2008); y, en fin, sin que en ningún caso pueda resultar una multa de cuantía superior a la sanción impuesta que anula.
CUARTO.- Sobre las costas procesales .
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia, ni las originadas en el presente recurso de casación.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución.
FALLAMOS
Primero.- Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 18 de diciembre de 2012, dictada en el recurso contencioso-administrativo 865/2009 , que casamos.
Segundo.- Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil SCOR GLOBAL P&C SE contra la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia de 12 de noviembre de 2009, recaída en el expediente S/0037/08, que se anula en el extremo que concierne a la individualización de la sanción, cuyo importe deberá determinarse por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en los términos fundamentados.
Tercero.-No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni de las originadas en el presente recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Pedro Jose Yague Gil.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Eduardo Calvo Rojas.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Aurelia Lorente Lamarca.- Firmado.
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