Programa de Maestría en Estudios Socioambientales




descargar 124.65 Kb.
títuloPrograma de Maestría en Estudios Socioambientales
página1/4
fecha de publicación03.12.2015
tamaño124.65 Kb.
tipoPrograma
med.se-todo.com > Derecho > Programa
  1   2   3   4
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Programa de Maestría en Estudios Socioambientales

Derecho Ambiental

Integrantes: Verónica Barroso Profesor: Ricardo Crespo

Miguel Durango Fecha: 15 de mayo de 2012

Byron Jiménez

Estudio de caso: Afectación por contaminación con DBCP

Introducción

La contaminación a personas por el uso del químico tóxico dibromo cloropropano (DBCP), según Boix (2012: 1), es “uno de los casos más emblemáticos sobre la afectación a la salud de miles de personas, donde primó el beneficio económico de las multinacionales”. Este caso, aplastó el principio fundamental del derecho humano a vivir y trabajar en un ambiente sano, principios considerados en la declaración mundial de los Derechos Humanos, y en la declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, atentando de esa manera contra la integridad de las personas que trabajaron con él agroquímico mencionado, sin percibir indemnizaciones adecuadas.

El presente trabajo se encuentra estructurado en tres bloques de análisis. El primero punto desarrolla los orígenes del DBCP, para ello se realizó una revisión somera a cerca del químico y cómo este afectó a varios trabajadores en el mundo; por otra parte, el segundo bloque hace mención de los fundamentos de la demanda en Ecuador, antecedentes, los procesos que siguieron, los argumentos utilizados en la presentación de la demanda entre otros; un tercer bloque en cambio se realizó una revisión sobre los fundamentos legales tanto nivel nacionales e internacional con los cuales actualmente se apoyan, en casos de esta magnitud y para finalizar se hace un breve punteo sobre las conclusiones a las cuales llegamos al momento de investigar el caso DBCP en Ecuador.

Antecedentes históricos

La molécula del DBCP fue desarrollada a mediados del siglo XX por un instituto de investigaciones de piña en Hawái, asociado a la transnacional DOW. Fue usada como un nematicida (control de nemátodos que causan pudrición a la raíz y base del tallo) especialmente en el cultivo de banano.

El poder que han tenido las transnacionales estadounidenses sobre el departamento de agricultura de ese país (USDA), se evidenció desde la década de los cincuenta y sesenta, del siglo pasado. A pesar de existir varias presiones para la regularización del químico, las empresas alegaron que poner la información en las etiquetas podría afectar las ventas de sus productos en el territorio norteamericano. Tuvieron que pasar muchos años para poder incluir a este químico, al menos, dentro de la lista de registro de productos en venta.

Es en la misma década de los años cincuenta, donde ya se conoció el “poder esterilizante de la químico sobre las plagas de piña” (2012: 2). Pocos años después, varios informes de la Universidad de California, en Estados Unidos, develaron que se conocieron los efectos adversos que el químico causaba sobre el aparato reproductor masculino humano.

A mediados de la década del sesenta, se inicia las exportaciones hacia África, Asia y América Latina, especialmente a los lugares donde las compañías DOLE (Standar Fruit Company), Chiquita Brands International, y DEL MONTE tenían sus productoras de banano. Los nombres comerciales usados del DBCP fueron: Fumazone por la Dow Chemical y Nemagón por la Shell.

A finales de la década de los setenta, inician varios litigios en territorio estadounidense por las afectaciones hacia trabajadores de las compañías donde se fabricaba el producto, en donde se resaltaron molestias testiculares y esterilidad. En octubre de 1979, se prohíbe todos los usos del DBCP en Estados Unidos.

A pesar de conocer estos efectos adversos a la salud, desde finales de la década del setenta, las compañías productoras y compradoras del DBCP lo siguieron utilizando en las bananeras instaladas en América Latina. Reportes señalan que se encontró residuos de este químico usado hasta el año 2000 en Panamá. Así lo relata claramente Boix (2012): “a principios de 1978, Dow y Standard Fruit Company (Dole) firmaron un contrato por el cual la primera le vendía a la segunda parte del inventario existente de DBCP, pero para ser utilizado fuera de EEUU” (Boix, 2012: 3).

En las demandas internacionales que se dieron desde América Latina, salieron a la luz varios informes donde se evidenció la actitud de poca responsabilidad de las empresas. Boix (2012: 3) señala que incluso la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) declaró que “el riesgo lo corrían los operarios de las factorías que lo fabricaban, y no los trabajadores del campo que lo aplicaban”.

La primera demanda internacional se dio en 1993 por parte de trabajadores ecuatorianos en una corte de Texas. Los países latinoamericanos, donde se conoce que existen demandas internacionales de afecciones a la salud por uso del DBCP, son: Ecuador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Honduras. Una de las principales sentencias fueron las obtenidas por el grupo de afectados nicaragüenses. Ferreira (2005) postula que:

En el marco la ley 364, en diciembre de 2002, la justicia nicaragüense dicta la primera sentencia. Las multinacionales Dow Chemical, Shell Oil Company y Dole Food Company, deben abonar 490 millones de dólares, a cerca de 600 trabajadores de los 5.000 que han presentado demanda.

El mismo caso fue llevado a cortes norteamericanas. En primera instancia los abogados que representaron a los afectados en Nicaragua, en una corte estatal de Los Ángeles, consiguen la única victoria para indemnizar a demandantes afectados no estadounidenses. Empero, posteriores demandas fueron desechadas por alegato de fraude por parte de los demandados, es decir, que los campesinos se inventaban sus alegatos de infertilidad. A finales de la primera década del presente siglo, salen a la luz varios reportes de compra de testimonios por parte de las transnacionales a campesinos afectados.

Lamentablemente al igual que las nuevas demandas, también se desecha la única victoria obtenida en tribunales estadounidenses. Boix (2012: 5) cuenta que para julio de 2010:

Victoria Chaney, que aplastó los casos "Rivera v. Dole Food" y "Mejía v. Dole Food", descabeza y desecha el caso "Téllez v. Dole Food", que fue el único que acabó, en noviembre de 2007, con una victoria para los afectados nicaragüenses del DBCP. Al igual que en los casos Mejía y Rivera, alega que los abogados y los trabajadores orquestaron un espectacular fraude.

Curiosamente la página oficial de DOLE, en la parte de la ‘responsabilidad social corporativa’, dice:

DOLE es sinónimo de altos estándares de calidad y satisfacción. Dole ha ganado esta reputación durante los últimos 154 años gracias a su inquebrantable compromiso para cumplir con las necesidades de los consumidores y las expectativas de sus clientes en las áreas críticas de control de calidad, seguridad alimentaria, trazabilidad, responsabilidad ambiental y responsabilidad social.

Conflicto socioambiental

Ecuador es uno de los países afectados con el DBCP. Dicho químico, ingreso por primera vez en los años sesentas y desde entonces se utilizó por más de dos décadas en distintas bananeras 1 en el Ecuador. A pesar de que EPA en el año 1977 prohibió su uso y venta, siguió comercializándose en los mercados locales y su uso afectó a trabajadores quienes no tenían conocimiento sobre los daños que su inhalación y contacto podrían traer a su salud.

Fue en agosto de 1993 The Hendler Law Firm presenta ante la Corte de Texas -sede de las transnacionales involucradas- la primera demanda a favor de trabajadores agrícolas ecuatorianos de las provincias de Guayas y Los Ríos, quienes participan en la demanda legal contra el Consorcio de Transnacionales y fabricantes del DBCP conformado por empresas como: la Occidental Petroleum, Dow Chemichal, Shell Oil, Standard Fruit y United Brands. Fue la primera vez que un grupo de trabajadores latinoamericanos presentan una demanda internacional.



Imagen N° 1. Mapa de las zonas afectadas con el DBCP. Fuente: Breilh et al., 2007: 4.

Como ya se mencionó antes, si bien se prohibió su uso, la Standard Fruit envió 180 mil kilogramos del producto para que sean utilizados en las plantaciones bananeras primeramente en Honduras y posteriormente ingresó en Ecuador en las zonas bananeras de El Oro, Los Ríos y Guayas ubicados en los cantones de Santa Rosa, El Guabo, Pasaje, Machala, Naranjal, Shumiral y Tenguel en la parte noroccidente del Ecuador (Ver Imagen Nº 1: Mapa de las zonas afectadas)

En este sentido las diversas organizaciones sociales de los trabajadores bananeros en 1995 como la Unión Regional de Organizaciones Campesinas del Litoral (UROCAL); la Federación Nacional de Campesinos Libres del Ecuador (FENACLE) y la Federación Clasista de Trabajadores del Oro (FCTO), y 800 trabajadores montubios afectados con el DBCP en las haciendas bananeras se unen para la realizar la demanda.

Presentación del caso

El DBCP MORTAL: impactos socio ambientales y en la salud reproductiva de los trabajadores bananeros de Panamá y Ecuador, fue representado por la firma de abogados The Hendler Law Firm, de Scott Hendler quienes llevan adelante las reivindicaciones laborales y de salud de los trabajadores afectados en la bananeras.

Ecuador inició una demanda internacional en 1993 junto a 11 países productores de banano en Latinoamérica, África y Asia, quienes empezaron con la demanda legal contra el Consorcio de Transnacionales, fabricantes y usuarias del DBCP y estas fueron: The Dow Chemical Company; Occidental Chemical Company; Oxy 12; AMVAC Chemical Corporation y Shell Oil Company, que como ya se explicó en párrafos superiores cada una de estas compañías elaboraron el DBCP con diferentes nombres. A esta instancia también se incluyo a empresas bananeras como: Dole, conocida antes como Standard Fruit Company; Chiquita Brands, conocida también como Chiriquí Land Company en Panamá y conocida antes como United Fruit Company, Panamá; y Del Monte. Previamente a la presentación de las demandas, el cuadro Nº 1 contiene el resumen de los hitos que se suscitaron en el caso.

Cuadro Nº 1. Resumen de hitos presentados en el caso de DBCP en Ecuador.

Año

Línea de tiempo

1993

Se inicia el caso como el termino de “Acción de Clases2

2001

Por primera vez, la corte en Estado Unidos de Norteamérica declara al caso como “Forum non coveniens3.

2003

Caso vuelve a la corte Suprema Estado Unidos, gracias al caso Patrickson de Costa Rica.

2004

Se negocia la posibilidad de un finiquito, se abre un canal de dialogo que fue rechazado por los demandantes y los defensores.

2008- 2011

Se realizan 155 entrevistas a profundidad tomando el caso Patrickson como ejemplo.

2010

Tribunal de Texas dictamina que el caso no podía continuar como “Acción de clases” sino que este por magnitud debería ser considerado como un caso individual.

2011

Caso es presentado nuevamente en cortes de Estado Unidos en Louisiana.

Fuente: Elaboración propia, basado en Maldonado, Anamaría y Valeria Noboa (2011).

El cuadro 1 nos permite evidenciar que desde 1993 hasta la fecha han sucedido una serie de acontecimientos que demuestran la falta de inconsistencia legal para atender este tipo de conflictos socioambientales.

Ahora bien, los demandantes que en este caso son ciudadanos de Ecuador y Panamá, alegan no haber sido informados sobre los riesgos que implicaban el uso del DBCP. Los testimonios develan que no se mencionó en ningún momento que debían utilizar ropa y equipo adecuado. La demanda seguida por la firma de abogados y los demandantes se basa en seis puntos que hacen referencia a la negligencia, cconspiración, responsabilidad, acción médica, incumplimiento de garantía y por daños y perjuicios. Causas que se desarrollarán en los próximos párrafos y que fueron presentadas la firma de abogados demandantes (Hendler, 2011:16-21)4.

La primera causa presentada fue por negligencia, por no haberse realizado un control de calidad, uso o de distribución de DBCP para su comercialización aun sabiendo que el producto es altamente peligroso para la salud. A causa de ello, los trabajadores expuestos al DBCP han sido seriamente afectados.

La segunda es por conspiración; los acusados, de manera individual o conjunta, actuaron conspirativamente el uno con el otro. Se comprobó que tenían conocimiento científico de los efectos cancerígenos, mutagénicos, teratogénicos y otros, por el uso del DBCP. A pesar de los datos con los cuales se contaba, los acusados actuaron de manera “fraudulenta, voluntaria y maliciosamente” (Hendler, 2011:17) ya que no se informó correctamente, y al contrario, se cambió la información por otra falsa.

Como tercera, la causa de terceros de acción o responsabilidad objetiva, se comprobó que para las etiquetas “se basó en información falsa, fraudulenta y engañosa suministrada a los organismos reguladores responsables de la aprobación de las etiquetas (…)no pudo proporcionar advertencias adecuadas para los usuarios o consumidores del producto y, de hecho, continuó promoviendo el producto para su uso” (Hendler, 2011:22). Por lo tanto, los demandantes no estuvieron informados de que estarían expuestos a un producto químico peligroso.

La cuarta causa es la acción médica, que menciona que el uso de este químico significó un daño físico que requiere de una indemnización por daños y perjuicios a la salud, el bienestar y vida como consecuencia de los daños causados ​​por los demandados que permitiría cubrir los costos de supervisión médica que causo del DBCP como ser la esterilidad o el bajo número de espermatozoides, los daños a la córnea, cáncer, trastornos crónicos de la piel, problemas en el sistema renal y dañar a su función pulmonar y respiratoria. Los demandantes reclamaron daños y perjuicios individuales (incluyendo daños compensatorios, y punitorios, si los hay) que exceda setenta y cinco mil dólares (Hendler, 2011: 26).

Otra de las causas es por acción – incumplimiento de la garantía, ya que los productos puestos en comercialización por las compañías no eran de buena calidad y por último la causa por los daños y perjuicios ya que los demandantes han sufrido un gran dolor físico, psicológico y social.

DBCP, un problema socioambiental

El uso del DBCP en las plantaciones bananeras trajo como consecuencia una serie de problemas no solamente de salud, sino también sociales, económicos, culturales y ambientales. Es importante mencionar que en Ecuador la demanda, si bien se centró en los aspectos relacionados con daños personales como la salud física y psicológica de los trabajadores que estuvieron expuestos a los químicos; se mencionan de manera escueta y poco profunda los temas sociales y ambientales causados, y que consideramos importantes y necesario traer a colación. Este podría ser un plus por desarrollar en la demanda considerando que las leyes del Ecuador -que después mencionaremos en los próximos párrafos- hacen referencia a las sanciones y mecanismo legales con los cuales se cuenta en casos como el que presentamos.
  1   2   3   4

similar:

Programa de Maestría en Estudios Socioambientales iconAbogado II. Estudios de especialización-maestría y doctorado

Programa de Maestría en Estudios Socioambientales iconPrograma de maestría en

Programa de Maestría en Estudios Socioambientales iconPrograma de maestría y doctorado en psicologíA

Programa de Maestría en Estudios Socioambientales iconPrograma de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas

Programa de Maestría en Estudios Socioambientales iconPrograma de estudios

Programa de Maestría en Estudios Socioambientales iconPrograma de estudios

Programa de Maestría en Estudios Socioambientales iconPrograma de estudios

Programa de Maestría en Estudios Socioambientales iconPrograma de estudios

Programa de Maestría en Estudios Socioambientales iconPrograma de estudios

Programa de Maestría en Estudios Socioambientales iconPrograma de estudios


Medicina



Todos los derechos reservados. Copyright © 2015
contactos
med.se-todo.com