En lo principal: se hacen parte




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fecha de publicación04.12.2015
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EN LO PRINCIPAL: SE HACEN PARTE

OTROSI PRIMERO: SE TENGA PRESENTE

OTROSI SEGUNDO: SOLICITAN INFORME EN DERECHO

OTROSI TERCERO: RESERVA DE ACCIONES

OTROSI CUARTO: TRASLADO AL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

OTROSÍ QUINTO: SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO

OTROSÍ SEXTO: ACOMPAÑAN DOCUMENTOS

OTROSÍ SÉPTIMO: PATROCINIO Y PODER

ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO.

LUIS ALFONSO AGUILAR BALDOMAR, Rut. 6.190.972-9, abogado, por si; LUIS GALLARDO GALLARDO, Rut. 2.396.102-4, Ingeniero Químico, por si y en representación de la “ASOCIACIÓN GREMIAL DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES MINEROS – ASOGEMIN – AG.”, todos domiciliados para estos efectos en calle Valentín Letelier N° 1373 oficina 1002, de esta ciudad, en relación con los autos “Codelco con Anglo-American”, Rol N° 21.879-2011, sobre RECURSO DE PROTECCIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, a US.ILTMA. respetuosamente decimos:

Que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 20 de la Constitución Política del Estado y 23 del Código de Procedimiento Civil, venimos en hacernos parte en esta Causa, como terceros coadyuvantes, atendida la naturaleza del presente RECURSO DE PROTECCIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES y la importancia que reviste la materia sobre que versa. Ésta trasciende los meros intereses económicos de carácter empresarial y aún, los del Estado de Chile, proyectándose inclusive en el propio ámbito de nuestra Soberanía y Dignidad Nacional. Como queda en clara evidencia, no tan sólo por los antecedentes ya acumulados en estos autos sino también, en los alcances por ahora sumarios que en el curso de este escrito se formulan, constatándose de hecho el justificado clamor ciudadano que este diferendo provoca, como es de público conocimiento.

POR TANTO:

ROGAMOS A US.ILTMA, tenernos por parte, como terceros coadyuvantes, en esta Causa.

OTROSI PRIMERO: Sírvase S.S. ILTMA. Tener especialmente presente que:

Decimos que están afectados los intereses del Estado de Chile y, en consecuencia, comprometidos también LOS INTERESES DE TODOS LOS CHILENOS.

Desde el punto de vista meramente patrimonial - que de suyo es muy significativo y cuantioso – en este Recurso no sólo están comprometidos los intereses patrimoniales de CODELCO sino además, están amenazados nuestra Soberanía y Dignidad NACIONAL como Sujetos de Derecho en el campo Internacional. En efecto, y por ahora muy suscintamente, es imperativo tener en cuenta que existe todo un conjunto de Normas Internacionales de Derecho que giran en torno a la importante materia objeto de este conflicto judicial. Entre otros, cabe tener presente que la propia Asamblea General de las Naciones Unidas, por RESOLUCION 3281(XXIX) del 12 de Diciembre de 1974 aprobó - y por abrumadora mayoría - lo que se conoce como “CARTA DE DERECHOS Y DEBERES ECONOMICOS DE LOS ESTADOS”. Estipulando que, el Objetivo Fundamental perseguido es:
“PROMOVER EL ESTABLECIMIENTO DEL NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL”. Basado en:

* “La equidad,

* La igualdad soberana,

* La interdependencia,

* El interés común y

* La cooperación entre los Estados, sin distinción de sistemas económicos o sociales”

Estos alcances y para que no se abrigue ninguna duda acerca de su extraordinaria importancia y su preeminencia se formulan ya de partida, en el “Preámbulo”.

En lo más específico, los principales Derechos y Deberes Económicos de los Estados están expresados en el Capítulo II y son:

(1) “Todo Estado tiene y ejerce libremente SOBERANIA PLENA Y PERMANENTE, incluso posesión, uso y disposición sobre toda su riqueza, RECURSOS NATURALES – (como en este caso, el cobre-) y actividades económicas”. (Artículo 2, 1.)

(2) Además, todo Estado tiene el derecho de:

“a) Reglamentar y ejercer autoridad SOBRE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS DENTRO DE SU JURISDICCIÓN NACIONAL con arreglo a sus leyes y reglamentos y de conformidad con sus objetivos y prioridades nacionales. Ningún Estado deberá ser obligado a otorgar un tratamiento preferencial a la inversión extranjera.”

“b) Reglamentar y supervisar LAS ACTIVIDADES DE EMPRESAS TRANSNACIONALES QUE OPEREN DENTRO DE SU JURISDICCION NACIONAL, y adoptar medidas para asegurarse de que esas actividades se ajusten a sus leyes, reglamentos y disposiciones…”

Y va más lejos todavía, al consignar también que todo Estado tiene el derecho de:

“c) NACIONALIZAR, EXPROPIAR O TRANSFERIR LA PROPIEDAD DE BIENES EXTRANJEROS, en cuyo caso el Estado que adopte esas medidas deberá pagar una compensación apropiada”. (Artículo 2,2)

Todo lo cual se prueba con documento acompañado en el OTROSÍ SEXTO de esta presentación, signado con el número 3 (Doc. Nº 3)

En esta perspectiva y, teniendo como marco referencial obligado e indispensable, todas las normas de Derecho Internacional vigentes y que abordan esta temática, es que será también necesario analizar y en su caso la I. CORTE DE APELACIONES debe resolver, las cuestiones de conflicto que se vayan suscitando. Teniendo muy particularmente en cuenta, otro hecho medular: que la Ley Internacional para cuya dictación un Estado ha concurrido aceptándola, IMPERA POR SOBRE LA LEY NACIONAL.

Huelga hacer presente entonces y como obligada conclusión, el hecho de que la situación sub-lite, en aspectos los más esenciales debe atenerse y respetar esta Legislación Internacional, cuya data es relativamente reciente y de la que su imperio no puede ni debe jamás ser ignorado.

A mayor abundamiento, y según se dispone también expresamente en nuestra Constitución Política del Estado, ARTÍCULO 19 Nº 24, INCISO 6º, precisamente es el Estado el dueño con carácter “inalienable” de todas las minas del país. Circunstancia sobre la cual podrían formularse numerosísimos otros alcances y conclusiones, según es del dominio de nuestros más destacados Constitucionalistas - como Jorge Ovalle - o expertos en Derecho Minero -como Armando Uribe-, todo lo cual no hace sino poner aún en mayor evidencia la incuestionable armonía y la coincidencia de fondo entre las normas jurídicas que rigen nuestro Orden Institucional Interno y aquéllas de carácter Internacional.

En tal sentido, nuestra Carta Fundamental consagra expresamente estos alcances y lo que es más esclarecedor, coincidiendo cabalmente con las normas establecidas ya, en la Constitución Política del Estado de 1925.

Esta materia se analiza con mayores detalles en el documento que se acompaña en el OTROSÍ SEXTO, signado con el Nº 5 (Doc. Nº 5 ).
POR TANTO, SÍRVASE US. ILTMA.: tenerlo presente.
OTROSI SEGUNDO: Basados en las precedentes consideraciones, con el objeto de ilustrar de mejor forma el elevado criterio de US. ILTMA., solicitamos que se ordene la evacuación de un Informe en Derecho sobre las normas jurídicas de Derecho Internacional aplicables en el caso sub - lite. El cual sugerimos se encomiende como trabajo conjunto a los departamentos de Derecho Internacional de las Universidades de Chile y Católica de Chile. Desde ya, hacemos presente que hemos establecido contactos para la elaboración de un Estudio sobre esta materia a cargo de la Universidad de Roma, atendida su innegable autoridad académica en temas de carácter contractual internacional. Y, podemos responsablemente afirmar a la luz de las normas de Derecho Internacional vigentes y aplicables en Chile, que la recurrida Anglo-American y filiales, carecían de toda facultad para haber vendido parte de los derechos que comprometió previamente en favor de CODELCO, en virtud del Contrato de Opción, materia de autos.
POR TANTO, a US.ILTMA. pedimos acceder a lo solicitado.
OTROSI TERCERO: Formulamos especial reserva de acciones civiles y/o penales, en relación con los hechos que se ventilan en esta causa, teniendo muy especialmente en consideración algunas circunstancias que podrían inducir, casi necesariamente, a crear muy serias y graves sospechas acerca de que no tan sólo existirían flagrantes contradicciones en estas negociaciones. Habría también, la posibilidad de que determinados personeros, utilizando ilegalmente el propio ejercicio de sus funciones, pudieran eventualmente estar coludidos para la realización de oscuras y lesivas transacciones o acuerdos, para el interés nacional. Los que sin duda causarían irreparables daños que van mucho más allá de lo meramente patrimonial. Entre estas situaciones, por vía meramente ejemplar y que sirven de fundamento a esta reserva, pueden señalarse los siguientes hechos:

1.- En la escritura pública de fecha 23 de Noviembre del año 2002, otorgada en la Notaría de don José Musalem Saffie, repertorio Nº 12.872- 2002, no consta - como debiera – que el Vice-Presidente Ejecutivo de ENAMI, don Jaime Rubén Pérez de Arce Araya, efectivamente contaba en forma legal con las facultades para suscribir dicho Convenio, en los términos y detalles en que fue suscrito por él. Destacando el hecho de que con ese Convenio del año 2002, se modificó sustancialmente el Contrato Original del año 1978 que establecía la indivisibilidad de la obligación. En términos que, en virtud de este acuerdo de 2002, dicha obligación pasó a ser divisible, desvirtuándose así, la letra e intención de las partes contratantes originales, de que CODELCO es sucesora legal en cuanto a ENAMI se refiere.

2.- La empresa Anglo-American habría sostenido el hecho absurdo o aún impensable, de que a los efectos de la Opción de Compra, debería estarse a los derechos o acciones existentes a la fecha de materializarse tal opción … Y que a tales respectos, Codelco no habría cuestionado esta afirmación.

3.- Así también, la curiosa circunstancia de que, desde hace algún tiempo y luego de la reciente venta que Anglo - American hizo a Mitsubishi, las conversaciones o acercamientos entre ésta y CODELCO, se estarían produciendo fuera de Chile.

Ciertamente, son muy numerosos los alcances que en su momento se profundizarán, en abono de esta reserva de derechos. Lo cual además y desde ya, debiera obligar a una exhaustiva “INVESTIGACIÓN” por parte del Ministerio Público.

En suma, CODELCO ha planteado un Recurso de Protección, al cual adherimos. Sin embargo, es nuestra convicción íntima ya sustentada históricamente por eminentes juristas desde la Colonia y durante la República -entre otros, Francisco Xavier de Gamboa, Julio Ruiz Bourgeois, Bruna Vargas, Alejandro Vergara Blanco, Armando Uribe Arce, Julio Vildósola Fuenzalida - que existe y está vigente tal derecho patrimonial del Estado de Chile sobre los recursos mineros. Opinión a la cual también adhiere la propia Junta Militar en calidad de Ente Colegislador en un Informe evacuado al Tribunal Constitucional (2 de noviembre de 1981).

Pensamos que en un juicio de lato conocimiento, deberán resolverse las responsabilidades civiles y penales acerca del convenio Anglo-Enami (2002) en que no consta el acuerdo del Directorio de Enami de la época, como lo exige la ley.
POR TANTO, a US. ILTMA. Tener por efectuada la reserva indicada.
OTROSI CUARTO: Atendidas las consideraciones precedentes, corresponde que el CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO sea emplazado en este Recurso, vista la circunstancia de que hasta la fecha, no ha comparecido asumiendo la DEFENSA de los legítimos intereses del Estado de Chile. Por lo que solicitamos se le notifique en la persona de su señor PRESIDENTE, don SERGIO URREJOLA MONCKEBERG, abogado, con domicilio en calle Agustinas Nº 1687, en esta ciudad.
POR TANTO, a US. ILTMA. ROGAMOS disponer que se confiera traslado del recurso y demás actuaciones de autos al CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO.

OTROSÍ QUINTO: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 87 del Código de Procedimiento Civil, solicitamos que hasta el momento en que se produzca el emplazamiento legal del recurso al CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO y la evacuación del INFORME EN DERECHO, según lo solicitado en el OTROSÍ SEGUNDO, se ordene la SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Porque, se trata de diligencias y actuaciones sin cuya realización previa no es posible continuar sustanciando el Recurso.
POR TANTO, ROGAMOS A US. ILTMA. Disponer la suspensión del procedimiento en el presente recurso.
OTROSÍ SEXTO: Sírvase SS. ILTMA. tener por acompañados los siguientes documentos, en abono de los alcances formulados en este escrito:

1.- Alocución inicial en la MESA REDONDA CIUDADANA de fecha 22 de Diciembre de 2011 en la Sede del Instituto de Ingenieros de Minas, texto en el cual procede destacar:

“ Por último, tampoco se trata de menoscabar los derechos legítimos de ninguna empresa de cualquier naturaleza que ella fuere, en tanto su conducción y sus manejos se atengan estrictamente a la legalidad y a la moralidad que debe respaldar las acciones del comercio y la industria tanto en el campo interno como internacional.” Documento signado con el Nº 1 ( Doc.Nº1)

2.- Una INVITACIÓN cursada por la Universidad Diego Portales para la realización de una “ – CHARLA DISCUSIÓN”, acerca de la controversia suscitada entre la transnacional Anglo-American y la chilena CODELCO. En el cual participaron destacadas personalidades y juristas como:

El Profesor de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales, Íñigo de la Maza; el Profesor de Derecho Internacional Económico de la Universidad de Chile Rodrigo Polanco; el Profesor de Regulación Económica de la Universidad de Valparaíso, Críspulo Marmolejo. Documento signado con el Nº2 ( Doc.Nº2 )

3.- “CARTA DE DERECHOS Y DEBERES ECONÓMICOS DE LOS ESTADOS, APROBADA POR NACIONES UNIDAS”, por Resolución de la Asamblea General Nº3281 (XXIX) de 12 de Diciembre de 1974. Documento signado con el Nº3 ( Doc.Nº3)

4.- Presentación efectuada ante la H. CAMARA DE DIPUTADOS DE CHILE, el 12 de Diciembre de 2011, directamente al Sr. Presidente de la H. COMISIÓN INVESTIGADORA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA CUPRÍFERA ESTATAL CODELCO. Destacándose en dicha misiva, la grave circunstancia de que, conforme los fundados y prolijos antecedentes que se acompañan se infiere que CODELCO habría registrado PÉRDIDAS Y DISMINUCIONES DE VENTAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS QUE BORDEAN LOS 15.000 MILLONES DE DOLARES. Estos antecedentes darían además fundamento, para pensar que podrían haberse producido gravísimas irregularidades, que lindarían con el campo penal. Documento signado con el Nº4 ( Doc.Nº4)

5.- “LA CONSTITUCIÓN Y NUESTRO COBRE”. Documento signado con el Nº 5 (Doc.Nº5)

6.- Certificado 101 del Ministerio de Economía, sobre personería hasta el 30.04.2012 del compareciente Luis Gallardo Gallardo por la Asociación Gremial de Pequeños Industriales Mineros – Asogemin AG. ( Doc. Nº 6)

7.- Presentación efectuada por CODELCO fechada el 02 de Enero de 2012 al Sr. Superintendente de Valores y Seguros, informando que la recurrida ANGLO AMERICAN no ha entregado la información necesaria según lo comprometido contractualmente.( Doc. Nº 7 )
POR TANTO, SIRVASE US. TENERLOS POR ACOMPAÑADOS EN FORMA LEGAL, CON CITACIÓN.
OTROSÍ SÉPTIMO: tenga US. ILTMA presente que designamos abogados patrocinantes y apoderados a los señores HÉCTOR VEGA TAPÌA, FERNANDO GARCÍA-OLDINI CAMINO, y/o MARIO OSSES QUIROS, de nuestro mismo domicilio para estos efectos.

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